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jueves, 29 de abril de 2010

TRIUNFO DE LA JUSTICIA, LIBERACIÓN DE TERESA Y ALBERTA: OMBUDSMAN


El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenar el 28 de Abril de 2010 la liberación de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes se encontraban presas injustamente en el Cereso Femenil de San José El Alto desde el 3 de agosto de 2006.

El Ombudsman de Querétaro dijo que al revocar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza, y absolver de toda responsabilidad a las mujeres originarias del Municipio de Amealco, el Máximo Tribunal del país al fin hizo justicia en un caso lleno de irregularidades y discriminación.

El presidente de la CEDHQ reconoció la positiva intervención del Gobernador del Estado, José Calzada Rovirosa, a quien señaló como “el artífice de la liberación de Teresa y Alberta”, ya que hizo posible que sus casos fueran conocidos por la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y la opinión pública nacional.

Asimismo, reconoció la labor de las organizaciones que encabezaron la defensa de Teresa y Alberta, así como de muchos ciudadanos que, desde su ámbito de acción, contribuyeron a la causa de la justicia y la libertad.

Adolfo Ortega recordó que la CEDHQ tuvo conocimiento de los casos de Teresa, Alberta y Jacinta Francisco a través de dos quejas, la primera iniciada el 14 de agosto de 2006 y la segunda presentada el 20 de febrero de 2010, las cuales fueron oportunamente radicadas, calificadas y turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tratarse de autoridades del ámbito federal.

Del mismo modo, informó que en este periodo tanto los visitadores de la CEDHQ como él personalmente se mantuvieron atentos a las condiciones en las que se encontraban las detenidas al interior del penal, realizando diversas gestiones y visitas, en las cuales pudieron constatar su situación.

Finalmente, el Ombudsman de Querétaro confió en que los casos de Teresa y Alberta sirvan para sentar un precedente que permita revisar todos aquellos casos en los que se presuma injusticia, al tiempo que se impulsen las reformas constitucionales necesarias a efecto de evitar que estos casos se repitan.

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